Tras la polémica aprehensión del joven tiktoker Juan Carlos Villafuerte, la Diputada Nacional Mariela Baldivieso ha enviado dos Peticiones de Informe Escrito (PIE) dirigidas a la Fiscalía General del Estado y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) —a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, respectivamente—, con el objetivo de esclarecer las razones legales y técnicas que motivaron el proceso y evitar futuros abusos contra la ciudadanía boliviana.

El caso causó gran repercusión pública cuando el joven, estudiante de Derecho de 21 años, fue aprehendido en Santa Cruz por presuntamente incurrir en el delito financiero de “difusión de información falsa”, tras haber emitido opiniones y recomendaciones relacionadas al cambio informal del dólar y la inversión en criptomonedas. A pesar de que el joven ya ha sido liberado, la diputada Baldivieso considera urgente que las autoridades rindan cuentas claras para evitar que se siente un precedente que permita criminalizar expresiones legítimas sobre temas financieros.

“Como parlamentaria y defensora del ecosistema financiero digital, no puedo permitir que se utilicen figuras penales para amedrentar o censurar opiniones críticas o informaciones de uso común entre la ciudadanía. Este caso no puede quedar impune ni sin explicación”, manifestó la diputada.

La solicitud enviada el 30 de julio con CITE MBC-PIE/N° 006/30-07-2025 plantea 8 puntos clave, entre ellos:

• La justificación legal de la denuncia y aprehensión, incluyendo normativa y elementos probatorios utilizados.
• El respeto al debido proceso y derechos fundamentales del joven.
• La interpretación y aplicación del delito de “difusión de información financiera falsa” en este contexto.
• Los antecedentes y garantías institucionales para proteger a quienes promueven o usan tecnologías financieras emergentes, como criptoactivos, blockchain o fintech.

Además, Baldivieso exige conocer qué medidas tomarán estas instituciones para preservar el derecho de los bolivianos a ejercer su libertad financiera y de expresión, así como evitar la desinformación y el miedo ciudadano respecto al uso de tecnologías digitales emergentes.

“Mi compromiso con la innovación tecnológica y la libertad en el sistema financiero es firme. Este ecosistema debe ser seguro, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales de toda la población”, concluyó.

La diputada continuará impulsando el monitoreo y fiscalización de este y otros casos similares, con el fin de garantizar que Bolivia avance hacia un entorno democrático, tecnológico e inclusivo.

Por: Jessica P. Cortez